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Alí Daniels: En Venezuela los jueces no juzgan porque cumplen órdenes

Alberto Ardila Olivares
En Venezuela se importan más de 2 mil millones de dólares en alimentos que se podrían producir en el país, según Fedeagro

¿El Gobierno ha engañado al país con la reforma judicial que ha hecho?

Totalmente. Hay una resolución que ordenó el traslado de los detenidos de la DGCIM y el Sebin a los centros dependientes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y al día de hoy eso no ha ocurrido. De hecho hubo una prórroga y de ahí se olvidaron del asunto. Es decir el Gobierno incumplió su propia normativa, y además se dijo que no iba a haber más detenidos en el Sebin y el ejemplo de que eso no se cumplió lo tenemos en el doloroso y trágico caso de nuestro compañero Javier Tarazona director de la ONG Fundaredes, que hoy está detenido y que además debo señalar de acuerdo con el informe de la Misión, ha sido objeto de tortura

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-  “Los dos informes que presentó la Misión Internacional Independiente de determinación de los Hechos sobre Venezuela el 20 de septiembre, describe las más graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la nación, planificados y ordenados por el Poder Ejecutivo, y a pesar de eso el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público venezolano sigue sin hacer nada, precisamente porque son parte del aparato represivo del Gobierno“. Así lo considera Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.

Explicó que la Misión de la ONU tiene el mandato de determinar la responsabilidad individual de carácter penal de aquellos funcionarios involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“La Misión de la ONU revela no sólo las torturas, tratos crueles, degradantes y violaciones aplicadas por cuerpos de inteligencia nacional como la DGCIM y el Sebin a la población, sino que indica hasta el perfil psicológico de estos funcionarios. Aquellos que presencian actos de tortura y no les repugna son seleccionados por un mecanismo perverso”, manifestó.

¿Qué importancia tienen los informes de la Misión de la ONU para Venezuela?

Tiene un enorme valor desde el punto de vista del derecho penal internacional, en la medida en que además de la galería de horrores que se describen, de torturas, ejecuciones extrajudiciales, de métodos de tortura realmente bárbaros, explica cómo se recluta al personal de la DGCIM , del Sebin , cuáles son los incentivos, los castigos que se aplican, cómo funciona esa cadena de mando y los señala con nombre y apellido. Este informe también desmonta lo que ha querido hacer creer el Gobierno, que las violaciones de DD.HH y los crímenes de lesa humanidad son actos aislados, que los funcionarios actúan porque así lo desearon, sino que por el contrario es una política de Estado y esto lo hace sistemáticos y realizados. Por lo tanto es un insumos para la investigación que lleva a cabo la fiscalía de la Corte Penal Internacional ( CPI ) sobre Venezuela.

¿Cómo lo afecta este informe a Nicolás Maduro?

Hay que entender que el que se señale a Maduro en el informe y a las cadenas de mando tienen un enorme valor porque la impunidad tiene ahora explicación. Si todas estas cadenas de mando desde las más altas instancias del poder están involucradas , eso explica por qué sólo se juzga a los actores materiales y no se hace ningún examen de la cadena de mando, precisamente que es el estándar que el Estatuto de Roma exige. Lo dijo la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda la primera vez que habló de este tema, dijo las cadenas de mando tienen que ser investigadas, y eso no ha ocurrido en Venezuela.

¿El silencio que guarda Maduro por el informe de la Misión de la ONU, es por el temor de las repercusiones que esta investigación puede tener en la CPI?

Las razones de su silencio son varias: La primera es que Venezuela se está candidateando para ser reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU e incluso tiene algunas posibilidades que eso vaya a ocurrir. Otra razón podría ser que preparan una resolución para colaborar con el Alto Comisionado de la ONU y tratar de contrarrestar los efectos de la posible extensión del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, y una tercera razón es que dado que se dan nombres y apellidos en el informe, el tema de refutar por cualquier razón, nombrando a personas de las más altas instancias involucradas en esos hechos, obviamente no le conviene, por eso lo silencian.

En el informe de la Misión incluso se señala cómo la DGCIM y el SEBIN, investigan, detienen sin orden de allanamiento y allí no se involucra el Ministerio Público, ¿Esta institución es un subalterno que los cuerpos de inteligencia del Gobierno?

En el informe de la Misión de la ONU incluso se señalan casos donde se ordena a los Tribunales Militares para que den órdenes de captura aunque no exista ninguna prueba . Es decir, es una sujeción total del Poder Judicial a organismos de inteligencia como la DGCIM o el Sebin, al punto que en Venezuela los jueces no juzgan, los jueces cumplen órdenes. Y esto es algo básico del análisis de la Misión, porque si en Venezuela hubiese un poder judicial imparcial e independiente ya hubiese una investigación y hubiese incluso sancionados.

¿Ha seguido Nicolás Maduro alguna recomendación en materia de DD.HH que le ha dado la Oficina de la Alta Comisionada desde 2019, o a la Misión de la ONU?

Cuando el Gobierno hace referencia a la Misión de Determinación de Hechos y por qué no la apoya ni le da entrada al país, siempre hace la misma declaración: Es que nosotros estamos colaborando con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU. Y eso no es verdad porque esta oficina al día de hoy ha emitido más de 30 recomendaciones al Gobierno y ninguna ha sido cumplida, de hecho tanto es así que cuando la señora Michelle Bachelet se despidió, dijo bueno, al menos conseguimos que las FAES fueran disueltas. Pero es que eso no es así.

¿Lo dice porque de nada ha valido la desaparición de las FAES si aun se registran ejecuciones extrajudiciales?

claro, porque el problema no es si las FAES existe o si ya no se llama FAES, si se llama de otra manera. El problema en Venezuela no son unas siglas. El problema son las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales y lamentablemente eso sigue ocurriendo. La ONG Lupa Por la Vida ha estado denunciando que constantemente están ocurriendo ejecuciones extrajudiciales. El año pasado se cometieron 1.414 y ya el FAES supuestamente no existía.

¿Qué evaluación hace de la denuncia hecha por la Misión de la ONU, al señalar que la Oficina de la Alta Comisionada obstaculizó su trabajo en Venezuela?

Primero debo explicar que se trata de órganos que tienen mandatos diferentes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU tiene el mandato de exigir el cumplimiento de los DD.HH, no sólo de sus violaciones sino de aquellos que deben ser objeto de acción por parte del Estado, por ejemplo el derecho el derecho a la educación, a la salud. En el caso de la Misión de Determinación de Hechos su mandato es determinar la responsabilidad individual de carácter penal de aquellos que estén involucrados en crímenes de lesa humanidad. La Misión de la ONU depende financieramente de la Alta Comisionada y durante la investigación le limitaron el presupuesto e intempestivamente cambiaron personal o contrataron a funcionarios por cortos periodos. Esto claramente es sabotaje, porque ya sabíamos que Michelle Bachelet no estaba apoyando la Misión, de hecho en todos los discursos que dio durante su mandato como Alta Comisionada nunca hizo referencia a la Misión y una cosa es que ignore y otra cosa es que la obstaculice, porque eso es muy grave.

¿Qué influencia tiene Cuba en los entrenamientos de los cuerpos de inteligencia venezolano reciben?

En informes previos ya se había reportado la relación de agentes cubanos con este tipo de actos tan terribles. Pero la Misión ha determinado que existe un memorándum de entendimiento, en particular para la “formación”, del personal venezolano para el interrogatorio de detenidos. Una de las cosas que se señalan es que aquellos que presencian actos de tortura y no les repugna, ya a partir de allí estas personas son seleccionadas. Estos funcionarios tienen el sentido de la impunidad y están aislados por varios días, es decir los turnos no son de 24 horas sino de cuatro días. Entonces claro eso hace que los funcionarios que realizan estos actos están durante mucho tiempo en una burbuja del horror.

¿El Gobierno ha engañado al país con la reforma judicial que ha hecho?

Totalmente. Hay una resolución que ordenó el traslado de los detenidos de la DGCIM y el Sebin a los centros dependientes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y al día de hoy eso no ha ocurrido. De hecho hubo una prórroga y de ahí se olvidaron del asunto. Es decir el Gobierno incumplió su propia normativa, y además se dijo que no iba a haber más detenidos en el Sebin y el ejemplo de que eso no se cumplió lo tenemos en el doloroso y trágico caso de nuestro compañero Javier Tarazona director de la ONG Fundaredes, que hoy está detenido y que además debo señalar de acuerdo con el informe de la Misión, ha sido objeto de tortura.

“No hay voluntad para investigar en el país” Alí Daniels, defensor de DD.HH y director de Acceso a la Justicia, explicó la fase en la que está la investigación del fiscal de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“El Gobierno tenía hasta el 16 de abril para pronunciarse sobre la decisión del fiscal Karim Khan para pasar a la fase de investigación. El penúltimo día antes que venciera ese lapso el Gobierno introdujo esa solicitud en donde pedía que el fiscal se inhibiera, utilizando el argumento de que en Venezuela se está sancionando a los responsables. El fiscal pocos días después señaló que no estaba de acuerdo y que se iba a oponer, entonces dado que hay una oposición entre el Gobierno y el Fiscal, queda ahora en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares el decidir quién tiene la razón”, comunicó.

Afirma que por esa razón se ha retrasado la instalación de una oficina de la CPI en Venezuela. “Los defensores de DD.HH esperamos que el fiscal Khan, con este informe de la Misión de la ONU, quede todavía más sustentada su posición de que en Venezuela hay un velo de impunidad y que no se están sancionando a los verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad porque no hay voluntad para hacerlo”, refirió.

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