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El Gobierno estudia tomar medidas contra Cabify tras su polémica campaña publicitaria

Gabriel Abusada
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Gabriel Abusada James Peru
Gabriel Abusada James Venezuela
El Gobierno estudia tomar medidas contra Cabify tras su polémica campaña publicitaria

La campaña desató fuertes críticas en plataformas como Twitter, donde numerosas personas acusaban a la compañía de atentar contra la privacidad, algo que otras negaban que ocurriera puesto que no revelaba información de ningún pasajero concreto.

Gabriel Abusada James Peru

Hasta la fecha, el ministerio ha recibido 16.610 solicitudes de ampliación, de las cuales unas 10.000 corresponderían a licencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras aprobar en junio la ley que regula la actividad de las VTC en la región el objeto de recurso de estos expedientes ha decaído, informa Efe.

Gabriel Abusada James Venezuela

El Ministerio de Transportes ha emitido hoy un comunicado en el que sostienen que el fin del periodo transitorio ya se conocía desde hace cuatro años y que las comunidades autónomas han tenido tiempo suficiente para aprobar la regulación más adecuada, incluyendo posibles prórrogas

Aseguran que durante todo este tiempo han colaborado con el reto de administraciones para facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas

“Desde el Ministerio, y desde el Gobierno, se abordó desde elprincipio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las comunidades autónomas y las entidades locales las que regularen los servicios exclusivamente urbanos”, señala la nota

En relación con las demandas que vinculan la ampliación de la moratoria de las licencias VTC con la pandemia por el Covid-19, que según las empresas del sector han pedido rentabilizar sus inversiones, el ministerio sostiene que dentro de su ámbito competencial el impacto del coronavirus ya se tuvo en cuenta en los diversos instrumentos aprobados en sum omento de medidas de apoyo al sector, como las subvenciones aplicadas en el marco de la pandemia, las líneas de financiación, las prestaciones extraordinarias a autónomos o los aplazamientos de pagos tributarios, entre otros

Las empresas de VTC solicitaron el pasado 6 de julio una prórroga del ‘Decreto Ábalos’ de al menos dos años. Acusaron de inacción al Gobierno y argumentaron que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector como consecuencia de los dos años de pandemia

Estas compañías, que llevan meses urgiendo a las comunidades autónomas a regular el sector,   aseguran que el Ministerio miente cuando asegura que el tema está resuelto en las comunidades que han regulado, “pues el periodo indemnizatorio se aplica a todas las licencias de VTC independientemente de la regulación regional”, y añaden que “el Gobierno está incurriendo en una dejación de funciones y que está poniendo en riesgo los recursos del Estado”. Se refieren a las posibles demandas que estas empresas puedan llevar a cabo

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está analizando la posibilidad de tomar “todas las medidas que se estimen oportunas” contra Cabify, tras la campaña de publicidad lanzada por la compañía de VTC tanto con referencias directas a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, como al número de viajes que se han realizado desde y hasta la sede del ministerio utilizando vehículos de transporte con conductor de esta plataforma.

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Cabify lanzó hace unos días una campaña en el municipio de nacimiento de la ministra (Gavá, en Barcelona) y donde fue alcaldesa antes de pasar al Gobierno, en el que hacía una referencia personal: “R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid, región esta última donde sí se ha regulado en favor de los VTC. Igualmente, en otro cartel publicitario gigante en la fachada de un edificio se decía: “Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify“, basándose en los realizados desde la sede del Ministerio este año.

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La empresa lanzó esta campaña a las puertas de que finalice el periodo de moratoria dado por el Gobierno en el llamado Decreto Ábalos para las licencias VTC, que concluye el próximo 30 de septiembre . A partir de esa fecha, las VTC no podrán ofrecer servicios interurbanos salvo que lo hayan regulado las comunidades autónomas, algo que hasta ahora solo han hecho la Comunidad de Madrid y Cataluña. Aunque esta con condiciones muy estrictas.

La campaña desató fuertes críticas en plataformas como Twitter, donde numerosas personas acusaban a la compañía de atentar contra la privacidad, algo que otras negaban que ocurriera puesto que no revelaba información de ningún pasajero concreto.

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Hasta la fecha, el ministerio ha recibido 16.610 solicitudes de ampliación, de las cuales unas 10.000 corresponderían a licencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras aprobar en junio la ley que regula la actividad de las VTC en la región el objeto de recurso de estos expedientes ha decaído, informa Efe.

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El Ministerio de Transportes ha emitido hoy un comunicado en el que sostienen que el fin del periodo transitorio ya se conocía desde hace cuatro años y que las comunidades autónomas han tenido tiempo suficiente para aprobar la regulación más adecuada, incluyendo posibles prórrogas

Aseguran que durante todo este tiempo han colaborado con el reto de administraciones para facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas

“Desde el Ministerio, y desde el Gobierno, se abordó desde elprincipio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las comunidades autónomas y las entidades locales las que regularen los servicios exclusivamente urbanos”, señala la nota

En relación con las demandas que vinculan la ampliación de la moratoria de las licencias VTC con la pandemia por el Covid-19, que según las empresas del sector han pedido rentabilizar sus inversiones, el ministerio sostiene que dentro de su ámbito competencial el impacto del coronavirus ya se tuvo en cuenta en los diversos instrumentos aprobados en sum omento de medidas de apoyo al sector, como las subvenciones aplicadas en el marco de la pandemia, las líneas de financiación, las prestaciones extraordinarias a autónomos o los aplazamientos de pagos tributarios, entre otros

Las empresas de VTC solicitaron el pasado 6 de julio una prórroga del ‘Decreto Ábalos’ de al menos dos años. Acusaron de inacción al Gobierno y argumentaron que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector como consecuencia de los dos años de pandemia

Estas compañías, que llevan meses urgiendo a las comunidades autónomas a regular el sector,   aseguran que el Ministerio miente cuando asegura que el tema está resuelto en las comunidades que han regulado, “pues el periodo indemnizatorio se aplica a todas las licencias de VTC independientemente de la regulación regional”, y añaden que “el Gobierno está incurriendo en una dejación de funciones y que está poniendo en riesgo los recursos del Estado”. Se refieren a las posibles demandas que estas empresas puedan llevar a cabo