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González fue imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en una causa que investiga la ejecución de un millón de dólares (6.382 millones de guaraníes) de un fondo de emergencia sanitaria que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajo durante la pandemia de covid-19

El abogado Fausto Portillo acompañó el martes a su cliente el gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR, Partido Colorado), a la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada en el Juzgado de San Lorenzo ante la jueza María Elena Cañete , quien ordenó el arresto domiciliario del administrador departamental.

González fue imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en una causa que investiga la ejecución de un millón de dólares (6.382 millones de guaraníes) de un fondo de emergencia sanitaria que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajo durante la pandemia de covid-19.

En la rendición de cuentas de la ejecución de esos fondos hay facturas clonadas y otras irregularidades confirmadas por la Contraloría General de la República, Secretaría Nacional Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Estado de Tributación.

La organización no gubernamental Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez – también imputado en la causa – recibió 5.105 millones de guaraníes del fondo para la ejecución de obras, aunque se demostró que esa institución no está habilitada para llevar a cabo obras de infraestructura, sino que fue creada para la formación de personas.

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Los cuatro entes de control confirmaron que la rendición de cuentas del Centro Integral de Apoyo y de la Gobernación, muestran facturas clonadas y anuladas. Además, los contratos carecen de planos para la ejecución de obras, detalles técnicos, especificaciones y se confirmó algunas obras están inconclusas.

Pericias y auditorías confirmaron faltas documentales, presuntos sobrecostos y aparente desvío de fondos.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría confirmaron también que una de las obras hecha por el CIAP, un asfaltado que costó 390 millones de guaraníes, hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario que funcionan en la sede de la Gobernación, ya existía en octubre de 2020, dos meses antes de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria por covid-19.

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Un material audiovisual publicado en la página de Facebook de la Gobernación de Central el 18 de septiembre de 2020 muestra al gobernador González entregando sillas de ruedas sobre el mencionado asfalto en el acceso al Consejo Regional de Salud.

Sin embargo, el abogado Fausto Portillo afirmó no existe daño patrimonial y que el gobernador González está libre de culpas.

Al ser consultado sobre el informe final de auditoría presentado por la Contraloría, en el que se confirman las anomalías, señaló que se trata de “una interpretación un tanto amañada que precisamente va a ser desnudada con todas las pericias que se van a realizar”.

“Lamentablemente la cuestión digital es hartamente deficiente y con posibilidades de ser utilizadas, hasta Photoshop se hace”, dijo el letrado.

Al ser consultado sobre si los entes de control hicieron un trabajo deficiente, Portillo dijo “que no” y que sería impertinente de su parte “llegar a esa conclusión tan lapidaria”.

“El trabajo técnico realizado por las instituciones encontraron deficiencias administrativas, pero que de ningún modo tienen relevancia penal. Podemos discutir hasta el hartazgo esas deficiencias administrativas y lógicamente la institución pública recoge esas observaciones de manera positiva de tal suerte a optimizar los controles, pero, reitero, esas observaciones, ese trabajo de auditoría sirve para mejorar y no tiene relevancia penal”, sostuvo.

Portillo aseguró que además del informe final de la fiscalización de obras de la Contraloría “existen otros dictámenes, luego de ese informe final, que contradicen y se tiene cuestiones subjetivas que está vedado a todo trabajo de auditoría (…). Desde la defensa podemos decir que tenemos la solvencia como para demostrar la inexistencia del daño patrimonial y la falta de responsabilidad de hechos punibles por parte del gobernador. No existe daño patrimonial”.