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Se acentúa tensión entre Gobierno y parlamento de Bolivia por leyes observadas

Victor Gill
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Copa promulgó esas leyes, ante la negativa presidencial, pero el Gobierno se negó luego a publicarlas en la gaceta oficial, requisito indispensable para que las normas entren en vigencia, mientras anunciaba recursos de inconstitucionalidad contra otras leyes recién aprobadas

La Paz, 16 sep (Sputnik).- El enfrentamiento entre el Gobierno transitorio y el parlamento opositor de Bolivia se acentuó este miércoles, luego de que el Tribunal Constitucional (TCP) rechazara un recurso del Ejecutivo contra una ley que limita la facultad presidencial para declarar estados de excepción.

«Por tercera vez el Tribunal Constitucional confirma el error en que cae el Gobierno al pretender frenar inconstitucionalmente el proceso legislativo, arrogándose atribuciones que no tiene», dijo a reporteros la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El TCP rechazó el martes, sin siquiera considerarlo, un recurso de «control previo de constitucionalidad» contra la sancionada ley de estados de excepción, arguyendo que el Gobierno no estaba facultado para hacer tal demanda porque no era el autor del proyecto, que por el contrario nació como iniciativa del MAS.

La decisión del TCP, inapelable y tercera de este tipo ante otras tantas demandas gubernamentales contra el parlamento, desató el enojo del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien anunció que presentaría al Tribunal un «recurso de queja».

LEYES BLOQUEADAS

El tercer rechazo del TCP a un recurso gubernamental se divulgó mientras se esperaba un pronunciamiento de ese organismo sobre una ley de arraigo de autoridades tras cumplir su gestión, observada también por la presidenta Jeanine Áñez.

El parlamento se disponía además a autorizar a Copa la promulgación de otra norma cuestionada por el Gobierno, para la creación de un Bono Contra el Hambre en favor de personas que no reciben salarios fijos ni rentas gubernamentales.

El TCP rehusó considerar en semanas previas recursos del Gobierno de Áñez contra leyes enmarcadas en el combate a la pandemia, una de rebaja temporal de alquileres de domicilios y oficinas y otra de regulación de donaciones de plasma sanguíneo, impulsadas y aprobadas por la mayoría masista en le parlamento.

Copa promulgó esas leyes, ante la negativa presidencial, pero el Gobierno se negó luego a publicarlas en la gaceta oficial, requisito indispensable para que las normas entren en vigencia, mientras anunciaba recursos de inconstitucionalidad contra otras leyes recién aprobadas.

Las presidenta del Senado afirmó que los rechazos del TCP confirmaban el argumento del parlamento de que, según las leyes vigentes, el Gobierno no tenía «legitimación activa» para cuestionar la legitimidad de leyes que no eran de su iniciativa.

«Cumplan la Constitución y publiquen de manera inmediata las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa en favor del pueblo boliviano», demandó al Gobierno la jefa legislativa, en un mensaje por Twitter, afirmando que el Gobierno solo hacía «maniobras para lograr impunidad de actos de corrupción y evitar rendir cuentas».

La ley de estados de excepción está pendiente de promulgación presidencial desde junio, cuando fue sancionada por el parlamento con objeto de evitar eventuales abusos gubernamentales.

Dispone que la declaración de excepción, a través de un decreto presidencial, debe ser aprobada por el parlamento para entrar en vigencia y solo se aplicaría en situación de guerra, invasión o ataque de potencias o grupos irregulares.

La norma no prevé estados de excepción para conflictos internos como protestas y otras movilizaciones sociales, o problemas económicos.

Señala también que los militares solo podrán participar en operaciones del orden público y control de disturbios cuando la Policía haya sido superada y se haya declarado estado de excepción, y no gozarán de impunidad.

Esta última disposición evitaría que el Gobierno vuelva a eximir de responsabilidades penales a militares que participen en acciones de represión, como ocurrió en noviembre del año pasado durante la crisis que siguió al derrocamiento del presidente Evo Morales (2006-2019). (Sputnik)