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New York Times | ¿Por qué estuvo archivado cuatro años el radar contra el crimen en Antioquia?

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El equipo, agregó, recopilará los datos de las entidades del Estado y las locales, para armar con ellas puntos georreferenciados de actuación criminal, mapas de calor y big data que permita, incluso, anticipar algunas actuaciones de los grupos ilegales

Si hoy alguien quiere saber cuántos homicidios se presentan en Antioquia, o en cuáles regiones hay denuncias de extorsiones, o cómo actúan los grupos al margen de la ley, tiene que reunir información de por lo menos ocho agencias del Estado: Medicina Legal, Fiscalía General, Ejército Nacional y los cuatro departamentos de Policía que existen en el departamento.

En Medellín esa tarea la hace el SiscSistema de Información para la Seguridad y Convivencia—, una dependencia de la Secretaría de Seguridad que funciona como faro para cualquier decisión que se tome en la ciudad.

Hasta 2015, Antioquia tuvo un sistema similar, con el mismo nombre y adscrito a la Secretaría de Gobierno, que analizaba las dinámicas criminales de Antioquia. En 2016, con el cambio de gobierno (salió Sergio Fajardo y entró Luis Pérez Gutiérrez), el programa pasó a ser un recuerdo.

Luis Fernando Suárez, actual secretario de Gobierno de Antioquia, aseguró que el proyecto no recibió la atención que requería y por eso hoy el esfuerzo para consolidar la información es mayor.

“Como epidemiólogo, estoy convencido de que las decisiones se toman con base en evidencia y datos reales. Es necesario conocer el fenómeno para saber cómo enfrentarlo, y si esa información no está, la limitante es gigante”, dijo.

El funcionario le anticipó a EL COLOMBIANO que el gobernador Aníbal Gaviria dio luz verde para que el Sisc Antioquia reviva y que se fijó un plazo de tres meses para que el equipo humano esté conformado y trabajando.

Mientras tanto, explicó, hoy mantiene comunicación telefónica con las dos direcciones seccionales de Fiscalía (Medellín y Antioquia), las tres brigadas del Ejército (Cuarta, Diecisiete que actúa en Urabá, y Fuerza de Tarea Aquiles), los cuatro departamentos de Policía (Antioquia, que cubre 100 municipios; la Metropolitana del Valle de Aburrá; Urabá y hasta la de Santander, que ejerce control en dos municipios del Magdalena Medio), además de Medicina Legal para conocer con certeza dónde ocurren los delitos y cuáles son los actores involucrados en ellos.

Principio y fin

Santiago Londoño fue secretario de Gobierno de Antioquia durante la administración de Fajardo (2012 – 2015) y el encargado de poner a rodar el sistema. “El proyecto empezó el primer día y tomamos como referencia el de Medellín que ya llevaba nueve años operando. Incluso en los dos primeros años funcionó en la misma sede del de Medellín”, contó.

El Sisc Antioquia medía los delitos de alto impacto (homicidios, hurtos, extorsiones, tráfico de drogas y secuestro) en 124 municipios de Antioquia. Además de recopilar los datos de las agencias estatales, analizaba la información, generaba mapas de calor y predicciones que eran compartidas con los alcaldes.

“La mayoría de los municipios de Antioquia son de categoría seis, es decir, tienen pocos recursos y muchas debilidades. Para ellos administrar la seguridad y la convivencia era muy difícil y para eso sirvió el Sisc: para fortalecer la capacidad institucional”, agregó Londoño.

Pero si funcionaba tan bien, ¿por qué se acabó?

Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de la administración Pérez (2016 – 2019) aseguró que su equipo de trabajo encontró “un sistema con muchos profesionales a cargo, con salarios altos y un software que no era propio, además de muchas cajas con documentos y CDs”.

Según la exfuncionaria, en 2016 se hizo una evaluación del sistema y se determinó que no podía seguir por varias razones, entre ellas, los altos costos y la falta de comunicación con los sistemas de emergencias. En sus palabras, lo que quería Pérez era tener un sistema “pegado” al 123 de Medellín, pero por capacidad operativa y de almacenamiento no se pudo lograr.

Londoño respondió que el Sisc se dejó como un sistema “robusto, que generaba informes serios y que incluso se ganó un premio en Chile por la gestión” (ver Antecedentes).

La importancia del dato

“Tener las estadísticas y analizarlas en contexto y entender no solo el caso de homicidio puntual, sino las dinámicas criminales de dónde ocurrió, cómo o por qué”. Así justifica el politólogo Daniel Yepes Naranjo la importancia de los sistemas de análisis de información criminal. Él, precisamente, fue investigador del Sisc Antioquia entre 2014 y 2015, y quien dirigió el Sisc Medellín entre 2016 y 2019.

“En Antioquia el equipo era de 12 personas y analizábamos las dinámicas del conflicto con la guerrilla. De ahí salieron recomendaciones de atacar más un frente (guerrillero) que otro, prestar más atención a ciertos delitos asociados a rentas criminales, entre otros”, explicó. Yepes recordó que en 2015, el Sisc Antioquia tenía un costo aproximado de $1.000 millones por año, mientras que hasta 2019 el Sisc de Medellín requirió $2.500 millones anuales para funcionar.

“El de Medellín está muy fortalecido, nació como observatorio y evolucionó; y hoy tiene un blindaje jurídico para el cruce de información. En 2016 me llamaron de la Gobernación para intentar poner en marcha lo que quedaba del Sisc Antioquia, pero no pasó de un par de reuniones”, recordó.

Muchas fuentes y cifras

Con la desaparición del Sisc, la Gobernación de Luis Pérez se ideó una especie de observatorio que recogía cada semana los informes policiales, militares y de Fiscalía. A eso se sumaban reportes de seguridad que los secretarios de gobierno municipales le enviaban cada mes.

El problema es que el método no era perfecto. “Algunos eran juiciosos en eso y otros no, a esos últimos les mandábamos a la Procuraduría porque esa tarea era obligatoria”, explicó la exsecretaria Ramírez. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía siguen haciendo sus propios informes.

Ángela Bedoya, directora seccional para Antioquia de la Fiscalía, afirmó que la entidad tiene una sección de análisis criminal que toma como base el ingreso de noticias criminales (denuncias penales identificadas con códigos llamados Spoa) para crear informes diarios, muchos de ellos temáticos; es decir, basados en ciertos delitos.

“Esos reportes los compartimos con las autoridades correspondientes para tomar medidas. Pero toda la información está concentrada en el departamento de Políticas Públicas en Bogotá”, contó.

El ciudadano del común puede encontrar algunos de esos datos en la web de la entidad, pero el sistema requiere de conocimientos específicos como el número asignado al delito en el Código de Procedimiento Penal.

El coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, explicó que la institución cuenta con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), que es considerado el más completo del país, pues en él se registran denuncias, capturas, incautaciones y recuperaciones.

Pero en algunos delitos, como la extorsión, los datos no están actualizados y son de difícil acceso para el ciudadano. A eso se suma que en 2018 el Siedco y el Spoa se unificaron con la creación de la herramienta A Denunciar, pero el sistema tiene fallas.

Así lo reconoció hace una semana el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, quien explicó que en el caso de los hurtos había sospecha de información duplicada, pues el sistema estaba entregando un código de denuncia para cada elemento robado (celular o billetera), así hubiera ocurrido en un solo episodio.

La resurrección

El plan del nuevo gobierno de Antioquia es que el Sisc Medellín asesore y acompañe la conformación de un equipo para que atienda las necesidades de los demás municipios.

“Nos estamos imaginando un observatorio de derechos humanos y delitos de alto impacto que permita incluso revisar las alertas tempranas de entidades como la Defensoría, y que analice información particular como la vulneración de derechos de niños y niñas, o de población Lgbtiq”, explicó Suárez.

El equipo, agregó, recopilará los datos de las entidades del Estado y las locales, para armar con ellas puntos georreferenciados de actuación criminal, mapas de calor y big data que permita, incluso, anticipar algunas actuaciones de los grupos ilegales.

“Queremos hacer esto muy de la mano de los alcaldes para focalizar y priorizar dónde se concentran las inversiones”, añadió y aclaró que aún no tiene datos sobre presupuesto para el sistema.

El Sisc Antioquia será parte del Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Antioquia que Suárez presentó ayer.

La meta del plan, que inicialmente le dará prioridad a la intervención en las regiones de Bajo Cauca, Urabá y Valle de Aburrá, es “frenar la tendencia al alza de los homicidios y la expansión” de los 10 grupos delictivos organizados (GDO), 84 grupos de delincuencia común organizada (Gdco), los dos grupos residuales (disidencias de los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc), el Eln, los Caparros y el Clan del Golfo, que hacen presencia en el departamento.

El sistema de información de delitos, que consolida datos de 8 agencias del Estado, desapareció en el anterior gobierno.