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Centros educativos a sitios de narcotráfico y violencia criminal incrementa el riesgo de exclusión estudiantil

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San José, 22 Ago (Elpaís.cr).- Los centros de educación secundaria que se encuentran más cercanos a lugares donde se localizan eventos delictivos, como incautaciones de drogas u homicidios, presentan mayores niveles de exclusión, aun cuando se controla por el efecto de factores socioeconómicos y por la cobertura de programas de equidad, advirtió el Séptimo Estado de la Educación en Costa Rica.

El Informe sostiene que los esfuerzos por universalizar la secundaria y reducir la exclusión educativa ocurren en un contexto nacional cada vez más complejo, marcado por un incremento significativo del tráfico de drogas y el desempleo, que afecta sobre todo a la población joven del país.

En 2017, un total de 26.290 estudiantes de secundaria interrumpieron su proceso educativo, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años por instituciones como el MEP y organizaciones de la sociedad civil.

En este contexto, el Séptimo Informe Estado de la Educación llevó a cabo un estudio sobre la relación del narcotráfico y otro conjunto de variables sociodemográficas con respecto a la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Dicho estudio analizó la presencia de patrones locales con respecto a las incautaciones de drogas y homicidios y su cercanía a escuelas y colegios, con información proveniente del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En 2017, el ICD registró 95.654 incautaciones en todo el país, eventos en los cuales se halló o decomisó droga, y estaban involucradas 118.981 personas; de estas, un 15,3% tenían menos de 20 años.

Esta cifra revela la grave exposición a la problemática, en que está la población en ese grupo de edad que, en principio, debería estar en el sistema educativo.

Al analizar la distribución territorial de esas incautaciones, se halla que poco más de la mitad ocurrió en 33 distritos, caracterizados por tener una alta densidad poblacional y que son urbanos.

Estos distritos corresponden principalmente a las zonas atendidas por las direcciones regionales de San José Central, San José Oeste, Alajuela, Limón, San José Norte, Cartago y Heredia.

Asimismo, cuando se combina la información anterior con los datos de matrícula reportados en la Nómina de Centros Educativos del MEP, se encuentra que casi una cuarta parte de la población estudiantil (23,2%) en 2018 asistía a centros educativos ubicados en distritos de alto tráfico de drogas.

Si se excluyen los servicios de preescolar independiente, escuelas diurnas y centros de educación especial, este porcentaje sube a un 26%.

La investigación estableció áreas de influencia para cada centro educativo y, a partir de una base de 5.876 eventos, estimó la cantidad de incautaciones de drogas para diferentes distancias.

En ese análisis sobresalen varios hallazgos relevantes. Primero, el 19,4% de ellos ocurrieron a menos de cien metros y un 29,7% en un rango de cien a quinientos metros. Segundo, del total de incautaciones evaluadas, en el 13,9% estaba involucrado un menor de edad. Tercero, el decomiso de gramos de marihuana, crack y cocaína en casi un kilómetro y a personas con 18 años o menos refleja un problema tanto de venta como de consumo.

Por otra parte, en ediciones anteriores a este Informe, se reportó un logro importante en materia de retención: el indicador de exclusión intraanual en tercer ciclo y la educación diversificada tradicional descendió de 10,2% a 7,2% entre los años 2010 y 2017.

El estudio también analizó la relación entre la permanencia de los estudiantes y variables como tráfico de drogas, homicidios, inversión social y contexto del centro educativo, con el propósito de comprender mejor las desigualdades del entorno en el tema de la exclusión.

Este nuevo Informe encontró que factores como la pobreza, el desempleo, las incautaciones de drogas y la relación de cantidad de estudiantes por docente están asociadas de manera directa con las tasas de exclusión del sistema educativo en colegios públicos.

Así, por ejemplo, estos eventos se ubican más cerca de los colegios, la exclusión tiende a ser mayor. conforme aumenta la presencia de tráfico de drogas . Contrariamente, centros educativos de secundaria que reciben un mayor beneficio o inversión en becas de transporte o alimentación se asocian con menores tasas.

Otro hallazgo de la investigación es que, casi en la mitad de las direcciones regionales del MEP, las incautaciones de drogas tienen una asociación estadística fuerte con los niveles de exclusión educativa en los colegios de secundaria, aun cuando se controla por medio de factores socioeconómicos y la cobertura de los programas de equidad del MEP.

Se trata de las direcciones de Aguirre, Cañas, Desamparados, Guápiles, Liberia, Limón, Nicoya, Pérez Zeledón, San José Norte, Santa Cruz, Sarapiquí, Turrialba y Zona Norte. A pesar de la importancia del fenómeno de la criminalidad en el país, se ha analizado poco su impacto en el rendimiento de niños y adolescentes en edad escolar.

Un estudio efectuado para este Informe busca determinar cuánto afecta la violencia en el rendimiento académico de los estudiantes costarricenses en pruebas como PISA. De acuerdo con los resultados, la exposición al narcotráfico —medida a través de los kilogramos incautados de cocaína— está asociada a menores niveles de rendimiento en las competencias de matemáticas y científicas.

La complejidad de este problema demanda, para los próximos años, revisar y ampliar las estrategias actuales orientadas a combatir la exclusión y a promover la permanencia. En particular, estas deben garantizar la seguridad de los estudiantes y reducir la presencia de actividades delictivas y grupos criminales en las proximidades de los centros escolares.

De acuerdo con el Informe, para avanzar en esta línea, es preciso una mayor articulación entre el MEP y otras instancias gubernamentales y locales, como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y las municipalidades, a fin de consolidar un manejo interdisciplinario e interinstitucional del fenómeno.