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Develan red de corrupción en Ministerio de Salud de Guatemala

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) junto al Ministerio Público del país centroamericano develaron este martes una red decorrupción en el Ministerio de Salud Pública, responsable del presunto desvío de al menos siete millones de dólares entre 2012 y 2014.

“Durante la mañana se diligenciaron 27 órdenes, lo que permitió hasta el momento la captura de 19 personas. Además, a consecuencia de la misma investigación, se solicitarán antejuicios contra 10 diputados”, informó la  Cicig  en su web oficial, al detallar el caso denominado ” Asalto al Ministerio de Salud Pública “.

Los supuestos ilícitos ocurrieron durante el mandato del expresidente Otto Pérez Molina, llevado a juicio y encarcelado tras una investigación del organismo contra la corrupción.

De acuerdo a la Cicig, la red criminal cobraba comisiones irregulares para la construcción y rehabilitación  de hospitales, adquisición de bienes y servicios, y contratación de plazas.

 

Según el comunicado publicado por la Cicig, la estructura criminal se aprovechó de las pérdidas materiales tras el terremoto de noviembre de 2012 en el sistema de salud para, entre otros delitos, entregar unas 450 plazas como pago a favores políticos.

Al menos 19 personas fueron detenidas este martes, 10 más fueron declaradas prófugas, entre ellas el exministro Jorge Alejandro Villavicencio , 84 fueron llamadas a declarar y fue solicitado el retiro de la inmunidad parlamentaria a 10 diputados del Congreso presuntamente involucrados, entre ellos el excandidato presidencial Estuardo Galdámez.

Tras tres años de trabajo conjunto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Cicig determinaron que la estructura criminal operaba  dentro del Ministerio de Salud Pública, la cual ocasionó “un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual  ilícito”.

El comunicado señala que en los ilícitos participaron diputados que usaron documentación oficial (papel membretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos del Ministerio.

Esta podría ser una de las últimas investigaciones del organismo internacional, cuyo mandato concluye en noviembre próximo, tras los obstáculos a sus funciones por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales.

Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.