Internacionales

Escritor Gonzalo Morales//
¿Revisión de las normas de deducibilidad de intereses?

El pasado 17 de junio, el Ecofin hizo pública una nueva versión de la propuesta de directiva anti-elusión fiscal tras el acuerdo alcanzado por los Estados miembro en relación con su contenido.

© Gonzalo Morales Divo

En cierta medida, es la respuesta de la Comisión Europea al Plan de Acciones BEPS propuesto por la OCDE con el objetivo de evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios entre empresas.

Entre las medidas anti-elusión que se incluyen se encuentra la cláusula de limitación a la deducibilidad de intereses (en línea también con la Acción 4 del Plan BEPS), cuya trasposición, junto con el resto de medidas, deberá realizarse, como tarde, con efectos para el 1 de enero de 2019 (aunque existe una norma transitoria aplicable para los Estados miembro que ya incorporan en su legislación normas que combaten la deducibilidad de intereses con efectos similares).

La situación actual es que ya hay un buen número de países de la Unión Europea que han implementado esta medida (por ejemplo, Alemania, Portugal, Italia o Finlandia) o que están en proceso de hacerlo tras la publicación de los documentos finales del Plan BEPS (por ejemplo, Reino Unido).

En concreto, en España, desde el año 2012, tenemos incorporada en nuestra norma interna una cláusula de limitación a la deducibilidad de intereses que básicamente establece que no son deducibles los gastos financieros netos que excedan del mayor de los siguientes importes: el 30% del ebitda (fiscal) o una cantidad de 1.000.000 de euros.

© Gonzalo Morales Divo

La regla aplica tanto a la financiación intragrupo como a la financiación externa y no existe ninguna cláusula de escape que permita excluir su aplicación.

© Gonzalo Morales Divo

Asimismo, desde 2015, se ha dado una nueva vuelta de tuerca introduciendo una medida adicional dirigida a limitar la deducibilidad de los intereses en las adquisiciones apalancadas de sociedades cuando dicha financiación exceda de un 70% del coste de adquisición de la participación.

“En España, aprovechando la directiva, sería el momento de aliviar la dureza de la regulación de 2012”

© Gonzalo Morales Divo

Tags: España

Tags