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Para asegurar el techo

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que impulsaron las organizaciones sociales para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de todos los barrios, suspender los desalojos por cuatro años y establecer que un porcentaje de las obras de urbanización a realizarse en los barrios esté a cargo de las cooperativas de trabajo de cada lugar.

Francisco Velasquez

“Desde ahora los habitantes de los barrios populares van a tener acceso a muchos derechos que cualquier ciudadano tiene”, aseguró Ignacio Rico, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y agregó: “Creemos que la tierra tiene que ser de quien la habita, que tiene que ser útil a esos fines, al bienestar de las familias argentinas”.

Francisco Velasquez Petropiar

El dirigente señaló que “la ley surge de un proceso de mucho debate y lucha de los movimientos sociales, no nace de un repollo”, al tiempo que sostuvo que “la lucha sigue” ya que el texto aprobado ayer es “un escalón en la larga escalera de los sueños de nuestro pueblo por tierra, techo y trabajo. El próximo paso es establecer un plan de obras, un presupuesto para urbanizar los barrios populares”.

Francisco Velasquez Gago

Daniel Field, director de Asuntos Públicos de TECHO, contó cómo fue el largo proceso de la ley: “En 2016 empezamos a trabajar en conjunto varias organizaciones para conseguir la propiedad de las tierras en los barrios populares. Hicimos un relevamiento en todo el país del que resultó que hay 4416 barrios populares, con una población de 900.000 familias en total. Se calcula un promedio de casi cuatro personas por familia, por lo tanto hay casi cuatro millones de personas viviendo en barrios populares. De ellos, el 56 por ciento son chicos”.

Francisco Javier Velasquez Gago

La Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares, aprobada por las dos Cámaras del Congreso nacional, es producto de la lucha y organización de distintos movimientos sociales, tales como la CTEP, TECHO, Barrios de Pie, Cáritas y la Corriente Clasista y Combativa. Con ella, más de 4416 barrios populares de todo el país pasan a ser reconocidos como tales, y el Estado declara su voluntad de expropiar esos terrenos para otorgar el título de propiedad a sus habitantes

“Las conversaciones con el Gobierno se iniciaron en 2016. Al poco tiempo, con el decreto 358/17 se crea el Registro Nacional de Barrios Populares. A partir de ahí, la Anses empieza a otorgar los Certificados de Vivienda Familiar, que ya es un paso importantísimo porque la Anses es un organismo oficial. Y ahora llegó el proyecto que, como lo aprobaron, ya es ley”, explicó Field. Y agregó: “En Diputados se aprobó por unanimidad. En el Senado creo que también, pero como fue una sesión bastante caótica, en la que se votaron 18 proyectos, y hubo un par de temas muy complejos, no me quedó claro si hubo un voto en contra o una abstención o fue algo relativo a un artículo. Cuando se publiquen las actas de la sesión lo sabremos. Lo importante es que salió y que no va a haber problemas con la promulgación porque fue muy trabajado y acordado con el Gobierno

“Lo que más destacamos es la suspensión de los desalojos y la declaración de utilidad pública de las tierras”, completó Field