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Roberto Pocaterra Whitney ||//
Prudencia

Prudencia es lo que ha pedido el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Tabaré Vázquez, a su bancada parlamentaria del Poder Legislativo, donde tiene mayoría en la Cámara de Senadores y le falta un diputado para tenerla en la Cámara de Diputados, para el tratamiento de la próxima instancia presupuestal que en el país lleva el curioso nombre de Rendición de Cuentas y que debería llamarse “Propuesta de Aumento de Gastos y, eventualmente, Impuestos”. Esto último por si queremos mantener el grado inversor y acceso a un endeudamiento sostenible.

Pues bien, para quienes conocen la historia del origen y evolución de los parlamentos y la valoran como elemento esencial de la limitación del poder absoluto, suena ridículo que sea el Ejecutivo quien pida prudencia al Legislativo, cuando debería ser al revés. Para quienes entendemos que la historia de los parlamentos (que es algo ligeramente distinto de la historia de los poderes legislativos) es la historia de la libertad, de la limitación del poder absoluto, de la creación de las bases de las instituciones republicanas, del estado de derecho y de las garantías individuales, nos rechina profundamente que el Ejecutivo tenga que pedir “prudencia” al Legislativo en la aprobación presupuestal.

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Es como que el “lobo” pida moderación a las “ovejas”.

Es más bien del Parlamento donde se espera que reine la sensatez para que el Ejecutivo no se desboque en sus pedidos de mayores gastos y mayores impuestos a la hora de confeccionar el Presupuesto.

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Sin embargo, estamos en la situación totalmente opuesta: es el Parlamento (o la bancada parlamentaria del partido de gobierno) quien desea aumentar un gasto público que ha crecido en forma sistemática año por año y sin tregua en los últimos 13 años y lo ha hecho siempre por encima del crecimiento de la economía.

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La recaudación impositiva ha crecido también pero más en línea con el espectacular crecimiento económico, producto de un boom externo que difícilmente se repita en un futuro próximo.

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Los astros no están alineados para ello y de ahí que sea preciso andar con prudencia.

Como voz que clama en el desierto, se ha oído recientemente la del diputado Gonzalo Mujica (el diputado disidente) que dice que no hay margen para el aumento del gasto público.

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También lo dijo el exministro de Economía Isaac Alfie, quien señaló acertadamente que no hay margen ni siquiera para aumentar los impuestos a las personas ni a las empresas, que la tendencia mundial es bajar los impuestos a las empresas y que en Uruguay tenemos impuestos corporativos más altos que en los países desarrollados.

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Amén de que la carga fiscal ha trepado al 35% si se suma todo lo que es gasto público.

Probablemente el partido de gobierno consiga el famoso voto 50 que hoy le falta en la Cámara de Diputados.

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Es un solo voto y seguramente no falten candidatos a ofrecerlo a cambio de algunos favores, o de cargos o de incluir alguna medida impositiva de su propia agenda o simplemente de 15 minutos de fama en los noticieros televisivos durante la discusión presupuestal.

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Y, por tanto, probablemente haya Rendición de Cuentas, es decir, no el informe frío del Ejecutivo dando cuenta al Parlamento de cuánto dinero recibió y en qué lo gastó, sino un verdadero proyecto presupuestal de aumento de gastos y de incremento de impuestos dado que el país no soporta más un déficit fiscal del 4% del PIB, al que se ha arribado de manera sorprendente no por una recesión sino por dispendio en el mayor auge de los últimos 50 años.

Ya han quedado por el camino las promesas presidenciales y del ministro de Economía de que en este período no iba a aumentar la carga tributaria y que incluso iba a reducirse progresivamente.

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Fue algo que en la campaña electoral de 2014, serios economistas independientes y otros de la oposición advirtieron que era de cumplimiento imposible vistas las promesas electorales de aumentar el gasto público, más el triste estado de las finanzas públicas al finalizar la administración Mujica.

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Y ello sin contar las pérdidas de ANCAP con las que tuvo que lidiar el presente gobierno sin cuestionar ni una de las políticas aplicadas por el ente petrolero en el período anterior.

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